Conferencia del Dr. D. Pedro Luis Pérez Frías, doctor en Historia, teniente coronel del Ejército de Tierra, Diplomado de Estado Mayor, miembro del Grupo de Investigación Crisol Malaguide de la UMA y secretario general de la Sociedad Erasmiana de Málaga (SEMA).

20 de octubre de 2022. Salón de Actos del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga.

Expediente Picasso es la denominación que recibió el informe pedido al general Juan Picasso González por el Gobierno, a raíz de los sucesos ocurridos en el Protectorado español en Marruecos en junio y julio de 1921, popularmente conocido como ‘el Desastre de Annual’.

En su disertación, Pedro L. Pérez Frías ha hecho una profunda revisión de las circunstancias y cronología del informe y las consecuencias de él. En realidad, remarcó el ponente, lo que empezó con una investigación ceñida al ámbito militar, encargada al general Picasso como Juez Instructor como una “información escrita de carácter gubernativo, para esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las posiciones de dicho territorio atacado por el enemigo”, presentado al Gobierno y enviado por éste al Consejo Supremo de Guerra y Marina y al Congreso de los Diputados como un testimonio de 400 páginas, que resumía los casi los 2500 folios del informe, acabó influyendo en una larga secuela de intervenciones en diferentes ámbitos del Estado a lo largo de más de un decenio.  

Partiendo de fuentes como el Archivo Histórico Nacional, el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados o la revisión de noticias que sobre lo ocurrido en el Protectorado publicaron los medios de comunicación de la época, han sido muchos los documentos comentados por el doctor Pérez Frías. Entre ellos, el propio nombramiento del general Picasso, la correspondencia entre el general y la Comandancia General de Melilla, las causas instruidas en el ámbito puramente militar; las noticias aparecidas en la prensa a partir de 1921, que ejercieron una presión determinante sobre la opinión pública; las referencias del Congreso de los Diputados reclamando el Expediente e iniciando su propia investigación, que acabó con la creación de la Comisión de Responsabilidades en Marruecos en 1934; y, finalmente, la intervención del Tribunal Supremo, última de las secuelas, que arranca la causa en 1934 para acabar archivándolo en 1935.